Según datos ofrecidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en la República Dominicana el 65 % de las adolescentes de, entre 15 y 17 años, ha sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas.


Estas prácticas nocivas hacia niñas y adolescentes, el acoso sexual y el matrimonio infantil, precoz y forzado, causan daños irreversibles en la vida, la salud sexual y reproductiva y la educación de las niñas y adolescentes, pero también tienen efectos dañinos en sus familias, manifestándose a nivel comunitario.


Pazzis Paulino, encargado del Departamento de Gestión Territorial del CONANI, participó en el panel “Detección y Rutas de Atención frente a Prácticas Nocivas, especialmente la violencia sexual contra menores de 15 años: desafíos y recomendaciones para la acción”.


Durante su intervención, reseñó que se debe fortalecer la capacidad de articulación y de respuesta oportuna de las instituciones del sistema de protección ante situaciones de vulneración, para lograr una protección integral y la restitución de derechos de las niñas y adolescentes. El 13% de estas jóvenes inicia su vida sexual a los 14 años de edad.


Entre los años 2020 y 2022, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia acogió en sus hogares de paso 284 casos remitidos por el Ministerio Publico de niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual.


Explicó que el Conani cuenta con 38 oficinas a nivel nacional, más de 120 directorios y alrededor de 127 juntas locales que permiten asignar un equipo para dar respuestas inmediatas a las situaciones de violencia sexual o cualquier tipo de vulneración de derechos, de niños, niñas y adolescentes en el país.


“Trabajamos en la implementación de una nueva tecnología mediante un sistema de gestión y de información de la ocurrencia de casos para una gestión adecuada”, puntualizó Paulino.


Dijo que socializar, capacitar y orientar a los territorios son elementos clave para que se asuma la responsabilidad de denunciar y comunicar a tiempo los casos de abuso sexual para activar el protocolo de protección, mediante un mecanismo de articulación entre las instituciones y poder brindar acompañamiento psicoemocional, acceso a la salud, y a la educación, garantizando la protección de los derechos fundamentales de las afectadas.


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