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El Juzgado de la instrucción del distrito judicial de Puerto Plata ha dictado la apertura de juicio en contra del reconocido pelotero Wander Franco, acusado de abuso de una menor de edad, y de la madre de la adolescente, imputada por explotación sexual y lavado de activos. Esta decisión, emitida el jueves por el juez Pascual Francisco Valenzuela, se basa en la solicitud presentada por el Ministerio Público, que continuará con la medida de coerción de presentación periódica para ambos implicados.

Los fiscales Claudio Cordero, perteneciente a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y José Martínez Montán, fiscal de Puerto Plata, resaltaron la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El juez Valenzuela consideró que estas evidencias justificaban el envío de los acusados a juicio, conforme a la gravedad de los hechos.

“Creemos que la acusación es contundente, y el tribunal lo ha entendido de la misma manera. Las pruebas del Ministerio Público vinculan claramente a los acusados con los delitos descritos”, aseguró Cordero al referirse al caso.

El expediente acusa a Franco Aybar de violar múltiples disposiciones, incluyendo el Principio V, y los artículos 25, 396 literales B y C, 409 y 410 de la ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, se mencionan los artículos 265, 266 y 331 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 3 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

En cuanto a la madre, cuyo nombre no ha sido revelado por razones legales, las acusaciones en su contra se basan en la violación del Principio V, y los artículos 25, 396 literal B, 409 y 410 de la ley 136-03. Además, se incluyen los artículos 2 numeral 1, 11 y 15, así como los artículos 3, numerales 1, 2 y 3, y el artículo 9 numerales 2 y 7 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Otros cargos están vinculados a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, y los artículos 3 y 7 de la Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

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